REFORMAS BORBÓNICAS EN NUEVA ESPAÑA

Entre 1521 y 1700 gobernó en la Nueva España la dinastía real de los Habsburgo o Austria. Al quedarse el rey Carlos II de Habsburgo sin descendiente directo, la Casa de Borbón tomó el poder en España. Era una familia real de origen francés (Bourbon), una rama de la Dinastía de los Capetos, la más antigua de Europa. El primer miembro Borbón que sucedió a los Habsburgo en el trono español, fue Felipe de Anjou o Felipe V, nieto del rey Luis XIV de Francia. Durante el gobierno de los Habsburgo, en la Nueva España se había creado un sistema político denominado patrimonialista donde se compraban los cargos públicos, los funcionarios imponían los tributos, se desarrollaban y protegían monopolios y mediante la corrupción se evadía el control de la Corona.

Por ello, el rey Carlos III de Borbón, influido por las ideas de la Ilustración, llevó a cabo un proceso de modernización por medio de las llamadas “Reformas Borbónicas” que impusieron una serie de cambios políticos- administrativos, económicos, militares y culturales en las colonias americanas. En 1765 fue nombrado el visitador José de Gálvez, con el encargo de retomar el control político y administrativo de la Nueva España y aplicar de manera sistemática las reformas, restarle poder a los grupos, corporaciones e incluso al propio virrey, e incorporar funcionarios adeptos a los propósitos de la Corona. Además de la amenaza de los nómadas, los españoles tuvieron que lidiar a finales del siglo XVIII otra amenaza: la expansión europea en el norte. Franceses, rusos e ingleses avanzaban sostenidamente desde sus posesiones en Norteamérica sin ocultar su interés por las ricas explotaciones mineras del reinado novohispano. Este cambio de la frontera hizo mas evidente la debilidad de las posesiones españolas en el septentrión, y mas aun por la prolongada guerra con los nómadas. El régimen borbónico, en el cual estaba la Corona española desde principios del siglo XVIII, emprendió un enorme esfuerzo a partir de 1760. El objetivo era reforzar el dominio sobre sus colonias americanas, aumentar la extracción de recursos y reforzar la fuerza política del poder público por encima de cualquier otra fuerza. Esto dio paso a las reformas borbónicas, las que incluyeron una gran variedad de medidas en materia fiscal, militar, económica, política y religiosa. En la Nueva España, el visitador José de Gálvez tuvo a su cargo la implantación de las primeras medidas, entre ellas una de las más importantes: la expulsión de los jesuitas, fue una orden del rey Carlos III en febrero de 1767. En la Nueva Vizcaya la orden de expulsión fue cumplida a partir de junio de ese año y significó el desmantelamiento de las misiones y propiedades jesuitas.

A partir de entonces se inició el saqueo de los bienes de las misiones en Chihuahua, lo cual afectó profundamente a los núcleos indígenas congregados en ellas. A causa de esos saqueos se rompió una relación económica que las misiones habían logrado establecer entre sí y sobre todo con los pueblos y centros mineros más importantes, como Cusihuiriachic y la misma villa de Chihuahua. Al momento de la expulsión de los jesuitas, aprovecharon el río revuelto para apropiarse de grandes extensiones de tierras y de tomas de agua, generalmente las de mejor calidad. Los beneficiarios fueron los no indios, que más adelante formarían los pueblos del valle del Papigochic.

El régimen de misiones obligaba a la Corona a pagar un sínodo a los misioneros, una especie de sueldo. De ahí que desde siempre la Corona estuviera interesada en acabar con las misiones. Otra medida de los Borbones fue de índole militar. Por primera vez en la Nueva España se organizó un ejército propiamente dicho, es decir, profesional y de carácter permanente. Como parte de este proyecto militar, se envió al comandante Rubí a recorrer los presidios del septentrión con fines muy semejantes a los del brigadier Rivera 50 años atrás: buscar a la vez una reducción en los costos de los presidios y mejorar su función militar. Rubí realizó un largo recorrido por los presidios y decidió finalmente que éstos se colocaran en una línea que seguía muy de cerca el paralelo 30, hasta donde llegaban efectivamente los dominios de la Corona (con la sola excepción de Santa Fe y San Antonio de Béjar). El criterio de Rubí fue más bien de carácter militar: los presidios debían ubicarse de tal modo que impidieran la entrada de los nómadas, o bien que facilitaran su persecución y castigo. Asimismo propuso y se aceptó la creación de una inspección de presidios con sede en la villa de Chihuahua. El primer inspector fue un sobrino del visitador Gálvez, Bernardo de Gálvez, quien más tarde escaló en la burocracia colonial hasta llegar a virrey de la Nueva España. Una vez que la propuesta de Rubí fue aprobada en 1772, varios presidios se trasladaron hacia el norte. En Chihuahua el nuevo sistema significó el traslado de los presidios a las márgenes del río Bravo: así, surgieron los de San Elizario, a unos kilómetros al sur de Paso del Norte, y los de San Carlos (el actual Manuel Benavides); se mantuvieron los de Carrizal y Junta de los Ríos, y se suprimieron los de Guajoquilla y Cerro Gordo. También se crearon cuatro compañías volantes que en distintos momentos tuvieron su sede en Pilares, Guajoquilla, San Pablo (el actual Meoqui), San Francisco de Conchos y Namiquipa. Gálvez dejó pronto el cargo y fue sustituido por el coronel Hugo O'Connor, quien emprendió intensas campañas contra los apaches desde su base de operaciones, el presidio del Carrizal.

Para el septentrión novohispano en su conjunto, los Borbones planearon un gigantesco esfuerzo de expansión española que debía llevar los dominios efectivos del rey quizá hasta el paralelo 37. Para diseñar este proyecto ambicioso, el visitador Gálvez permaneció tres años en Sonora. Gálvez, con ayuda del virrey, propuso la creación de una instancia gubernamental con amplias facultades militares y fiscales, así como administrativas y religiosas. En 1776 nacía por orden del rey Carlos III la Comandancia General de las Provincias Internas. El primer comandante fue Teodoro de Croix, quien en medio de un gran conflicto con el virrey Bucareli —opuesto a perder mando sobre el territorio septentrional— llegó a Chihuahua en marzo de 1778.

En primer lugar De Croix no compartía la idea de Rubí de privilegiar la función militar de los presidios. Más bien, veía los presidios como un mecanismo para fortalecer la ocupación de la provincia, por tal razón esos establecimientos debían estar cerca de los núcleos de población. En Chihuahua este cambio de estrategia significó el establecimiento de una triple línea defensiva: la primera constituida por los presidios de Janos, San Buenaventura, Carrizal y San Elizario, y los de Príncipe, Norte, San Carlos y San Sabá, contando un total de 600 hombres de tropas presidiales, tropa ligera y auxiliares; la segunda consistía en los 520 hombres de las compañías volantes en Guajoquilla, Conchos y Chihuahua; la tercera compuesta por las compañías milicianas ubicadas en Ancón de Carros, Julimes, Chorreras, Agua Nueva, Santa Clara y Namiquipa.

De Croix decidió repoblar áreas ubicadas al noroeste de la villa de Chihuahua, con el fin de asegurar la ruta a Sonora. Los colonos debían cumplir funciones militares, y por ello recibían privilegios y derechos tales como la portación de armas y la exención de impuestos. Con el tiempo, los pueblos fueron perdiendo parte de sus dotaciones y sólo durante la reforma agraria, posterior a la Revolución de 1910, se reintegraron a los vecinos. La presión militar de los españoles obligó a algunas partidas apaches a solicitar la paz, pero estos pactos eran vistos con desconfianza por los españoles, tambien era común que hicieran las paces en un lado para atacar en otro.  En 1788 entró en vigor la ordenanza de intendencias en la Nueva España. Se trataba de una profunda reorganización administrativa, ideada por los reformadores borbónicos para mejorar la administración y reforzar el control territorial. Surgieron entonces 12 intendencias (una de ellas era la de la Nueva Vizcaya) y tres territorios, entre ellos Nuevo México. Con esa reforma desaparecieron los alcaldes mayores y los gobernadores de provincias, es decir, los funcionarios que habían gobernado desde los inicios del periodo colonial. La capital de la intendencia de Nueva Vizcaya se mantuvo en Durango. Esta reorganización política de la Nueva España se considera la base de la estructuración política del país, una vez que alcanzó su independencia.

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